Analísis crítico de los recortes en la Universidad (Inma Espinosa y Rubén Pérez)

Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

1. Acercamiento general

         Las medidas establecidas por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, se presentan como necesarias para alcanzar el “inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivada del marco constitucional y de la Unión Europea” (la alusión al reformado art. 135 CE es obvia). No parece tenerse en cuenta que nuestra Constitución tiene otros objetivos y principios fundamentales, como son la igualdad real y efectiva de las personas y remover los obstáculos que impidan su plenitud (art. 9 CE) o el derecho fundamental a la educación (art. 27 CE). Las medidas afectan a todos los niveles educativos (universitario y no universitario) y, en teoría, algunas tienen carácter excepcional mientras que otras tienen carácter estructural. Esto último pone de relieve la inadecuación (posiblemente anticonstitucional) del uso de un Decreto-Ley (previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad) en lugar de una Ley.

            Del texto se desprende nítidamente que el plan a largo plazo es introducir reformas en detrimento de la Universidad pública y de calidad, bajo el manido pretexto de la crisis económica. En realidad, se trata del programa neoliberal en materia de educación. Desde que la Comisión Trilateral elaborara un Informe al efecto en 1975, se fue extendiendo el mito de que la empresa constituye la institución civilizadora por excelencia. La planificación del Estado social es sustituida por la de las empresas de los sectores estratégicos. Son éstas las que, conforme a sus particulares criterios, fijan los objetivos y los referentes que deben seguir las instituciones educativas.

            Esta concepción de la educación, y concretamente de la Universidad, ha sido consagrada expresivamente por el Tratado de Lisboa (2004). Se supone que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene como objetivo homogeneizar la normativa y los títulos de los Estados miembros, pero ha quedado de manifiesto que su intención es otra: convertir a la Unión Europea (UE), o exactamente a sus empresas multinacionales y agentes financieros más poderosos, en la zona económica más competitiva del mundo. Por tanto, el Plan Bolonia, la Estrategia Universidad 2015 (anteriores a la crisis económicas actual) y el Real Decreto-Ley 14/2012 no son sino distintas fases de un mismo proceso encaminado a poner fin a la democratización del acceso a la Universidad, a la cultura superior y, en definitiva, a la igualdad de oportunidades. Todo ello sobre el fundamento ideológico de la educación centrada en el individuo y en la autonomía individual. Podemos observar este mismo proceso en otros ámbitos (laboral, sanitario, judicial, etc).

2.      Aumento de tasas

En el ámbito universitario, las principales medidas consisten en el aumento de las tasas universitarias “para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el esfuerzo académico”. Es decir, la subida de tasas no es una medida coyuntural justificada por la crisis económica, sino que esta crisis es la excusa perfecta para un incremento gradual de los precios públicos.

            Así pues, el Real Decreto-Ley establece los límites mínimo y máximo de lo que se deberá pagar por cada matrícula. Dentro de estos límites, las Comunidades Autónomas fijarán el porcentaje concreto que los precios públicos habrán de cubrir del coste total de la matrícula:

a.      Enseñanzas de Grado y de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España:

	PORCENTAJE DE LA MATRÍCULA CUBIERTO POR LOS PRECIOS PÚBLICOS	EJEMPLO: Precios públicos a pagar por una asignatura de Grado de 7 créditos
		Curso 2011/2012	Curso 2012/2013
1ª Matrícula	15% - 25%	85´4 €	107´1 – 178´5 €
2ª Matrícula	30% - 40%	98´7 €	214´2 – 285´6 €
3ª Matrícula	65% - 75%	128´1 €	464´1 – 535´5 €
4ª Matrícula	90% - 100%	128´1 €	642´6 – 714 €

b.      Enseñanzas de Máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España (la mayoría) :

	PORCENTAJE DE LA MATRÍCULA CUBIERTO POR LOS PRECIOS PÚBLICOS	EJEMPLO: Precios públicos a pagar por un Máster de 60 créditos
		Curso 2011/2012	Curso 2012/2013
1ª Matrícula	40% - 50%	1.716 €	2.448 – 3.060 €
A partir de la 2ª Matrícula	65% - 75%	1.974 €	3.978 – 4.590 €

            Por otra parte, los estudiantes extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes podrán estar obligados a pagar el 100% del coste de la matrícula (excepto los nacionales de la Unión Europea o de países que tengan un convenio al respecto con España). En otras palabras, los estudiantes extracomunitarios estarán obligados a pagar el 100% de la matricula, lo que significa pasar de pagar unos 1.000 euros a pagar hasta 6.000 aproximadamente. Dicho Real Decreto-Ley vulnera uno de los derechos fundamentales de la Constitución Española, el art. 14, por el cual se garantiza a todos los ciudadanos el acceso en igualdad de condiciones a la educación.

            La consolidación de una tendencia al alza de las tasas universitarias aparece recogida literalmente en el texto: “el Gobierno (…) podrá modificar excepcionalmente las horquillas establecidas atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto  por los precios públicos de los últimos cursos académicos”. Los criterios para valorar conceptos tan ambiguos y opacos como la “singularidad” o la “experimentalidad” de las titulaciones no son otros que los que demandan los intereses privados de los mercados.

3. Fusión de Universidades

El Real Decreto-Ley prevé la reordenación geográfica del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, facilitando la “cooperación interuniversitaria”. Esto supone la fusión de Universidades y la consiguiente desaparición tanto de Universidades pequeñas como de titulaciones, así como el despido masivo de personal universitario (mayormente profesorado interino y personal de administración y servicios). Los requisitos básicos para la creación de Universidades son fijados por el Gobierno central, pero es a las Comunidades Autónomas a las que corresponde la competencia de acordar la creación, modificación y supresión de los centros y los títulos.

            En la práctica, el rediseño del mapa académico conllevará la eliminación de titulaciones y centros con menos estudiantes, los cuales se verán obligados a desplazarse a otros lugares, para lo cual es necesario un buen sistema de becas que, como vemos, está en retroceso. Acudiremos a la concentración de recursos en un pequeño grupo de Universidades de élite, posiblemente ubicadas en las Comunidades Autónomas y territorios con mayor desarrollo económico. Por tanto, en este sentido, las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley son especialmente lesivas para los intereses de nacionalidades como Andalucía.

4.      Profesorado

Se establecen dos categorías de profesorado. Además del profesorado con dedicación a tiempo parcial, probablemente la más problemática es la categoría de profesorado con dedicación a tiempo completo, ya sea a la docencia o a la investigación. En todo caso tendrá que dedicar a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS. En función de la evaluación a la que es sometido, 16 créditos o 32 créditos.

            Sin embargo, los sistemas actuales que se utilizan para juzgar a los profesores y para premiarlos (o castigarlos) parecen, más bien, un expediente para obligarles (o incentivarles) a que adopten las últimas modas pedagógicas. Y es que cuando se obtiene la información de las encuestas que se le pasa al alumnado periódicamente, el profesor sabe que ha obtenido una puntuación baja o inferior a la media, pero desconoce la razón de esa calificación y no cuenta con asistencia posterior para resolver los problemas que pudieran existir. Por consiguiente, la identificación de un hipotético problema en cuanto a la docencia o los métodos pedagógicos sólo preocupa cuando éstos se alejan de las líneas trazadas por el Gobierno, mermando la libertad de cátedra (art. 20 CE).

            Paralelamente a la devaluación de la calidad docente, se está contribuyendo a la infantilización de las y los estudiantes como resultado de los métodos pedagógicos que se vienen implantando a raíz de la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Completan este cuadro de factores la obsesión por el productivismo y la orientación de buena parte de la investigación a las necesidades de las empresas y el consiguiente descuido de los intereses públicos o de otros sectores de la sociedad.

5.      Financiación de becas y ayudas al estudio

El presupuesto destinado a las becas para estudiar se ha reducido en un 11%. Hasta ahora, el único cambio anunciado (que entrará en vigor el próximo curso) estriba en que la beca salario universitaria requerirá aprobar la totalidad de las asignaturas. En este sentido, el Plan Nacional de Reformas establece que la beca salario solo se conservará si el estudiante aprueba el 100% de los créditos matriculados. Este tipo de beca incluye el pago de la matrícula y una ayuda mensual y está pensada para que los hijos de las familias con menos recursos económicos no dejen los estudios tras superar la formación obligatoria. El porcentaje en el caso de Ingeniería o Arquitectura se eleva al 85%. Mientras que hasta ahora la nota mínima para acceder a esta ayuda era un 5 y aprobar el 80% de los créditos para conservarla (60% en los casos de Ingenierías y Arquitectura), a partir del curso que viene se exigirá un 6, sin especificar si habrá modulaciones en relación a las carreras.

            Como venimos analizando, todo apunta a que próximamente se anunciarán nuevos cambios regresivos en la política de becas, al margen de la evolución de la economía.

6. Conclusiones

No hay duda de que estamos presenciando una redefinición de la Universidad y la educación en términos empresariales. Esto tiene una consecuencia ante la que no estamos dispuestos a cruzarnos de brazos: entender lo social como una forma de lo económico.

            Concebir la Universidad como una empresa significa que la educación superior es un espacio mercantil dedicado a promover la competencia entre los servicios públicos y privados. Debe regirse por el logro de unos objetivos económicos antes que por la obediencia al principio democrático y a la satisfacción de derechos sociales, económicos y culturales. Debe convertir a los estudiantes, actuales consumidores, en futuros competidores-emprendedores o mano de obra pseudocualificada. Por último, la Universidad-empresa debe diluir el poder conforme a mecanismos de mercado. La soberanía de la empresa, la evaluación de la docencia de un modo tan místico y la competitividad en el ámbito de la educación están conduciendo a la destrucción de las Universidades Públicas.

            Ante esta situación, hemos de abogar decididamente por una refundación democrática de la UGR. La función de las y los estudiantes en la consecución de este objetivo es crucial. Para ello debemos ejercer nuestro derecho legítimo a disponer de los espacios públicos de la UGR y protestar contra aquellos problemas que nos salen al paso (como ya lo hicimos en los encierros, paros académicos y movilizaciones los pasados 17 de noviembre, 25 de abril, 10 de mayo, etc.). Pero, además, creemos en la articulación entre movilización social y representación estudiantil. Son absolutamente complementarios. Una no puede impedir el desarrollo de la otra, y ninguna de las dos puede alcanzar sus objetivos aisladamente.

            Estamos convencidos de que la solución a la crisis no pasa por la destrucción de la educación pública ni por la restricción del acceso a la Universidad a través de criterios elitistas que amenazan con romper el ideal de igualdad social y de una cultura con vocación universal para los pueblos.

            La Universidad Pública está inmersa en una encrucijada que no podemos ignorar. Es urgente que tomemos partido por uno u otro modelo. El alcance y el sentido de nuestro compromiso serán decisivos de cara a una salida autoritaria o democrática tanto a la reforma universitaria como a las transformaciones del Estado social. Desde aquí animamos a la defensa de una Universidad abierta a Europa que entienda a la Universidad como un bien público. Con tal fin debemos trabajar conjuntamente no sólo el estudiantado ni la comunidad universitaria, sino todos los ciudadanos y ciudadanas a título individual o bien organizados por medio de colectivos, sindicatos, ONG, movimientos sociales, partidos políticos o instituciones democráticas.

Inma Espinosa Montalbán

Rubén Pérez Trujillano